Hoy 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Movimiento Mujeres Por La Vida, junto a comuneras de Ataroa, Loma de León y Río Cenizo, marcharon por las calles de La Carucieña exigiendo «Justicia Para Todas Las Mujeres», a ellas se incorporaron en una parada del recorrido el Club de Abuelas ASOCIABUCAR, juntando así a diversas generaciones de luchadoras con casi 30 años de activismo en función de los derechos de las mujeres en estas comunidades del sur oeste de Barquisimeto.
La marcha tuvo una parada en la Estación Policial «La Carucieña» que usualmente es el primer lugar donde se realizan las denuncias de violencia contra las mujeres en la comunidad y con quienes se viene realizando un esfuerzo de coordinación en función de las atenciones necesarias a las víctimas de diversos delitos contra la familia y la mujer, allí entregaron el comunicado «NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES», para luego culminar la movilización en el Centro de Cuidados y Justicia Sexual y Reproductiva «La Morada», donde entre intervenciones, recuerdos de viejas luchas, reivindicando los avances, se fue tejiendo una ruta para seguir comprometidas en continuar exigiendo los derechos que aún se deben conquistar.
A continuación el comunicado:
Barquisimeto, 08 de marzo 2021
«NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES»
8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
El Movimiento Mujeres Por La Vida nos expresamos en este 8 de marzo del 2021 cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con enorme preocupación e indignación por la situación que estamos viviendo de incremento alarmante de la Violencia Machista y de la dificultad para tener acceso al ejercicio pleno de nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos. Estamos ante la necesidad de una Emergencia Feminista.
PANDEMIA PATRIARCAL
La pandemia mundial por el virus Covid 19 ha traído como corolario una Pandemia Patriarcal. Las mujeres y niñas en situación de violencia confinadas en sus casas han quedado encerradas con el agresor y ello ha incrementado los casos de violencia de todo tipo (física, psicológica, sexual, acoso, hostigamiento, patrimonial) y su más grave expresión el femicidio.
A nivel mundial, y así también lo estamos viviendo en nuestro país, se han incrementado las denuncias de violencia ante los órganos receptores y también las solicitudes de apoyo y orientación través de líneas telefónicas habilitadas para la atención de casos de violencia. Los movimientos sociales de mujeres estamos recibiendo cada vez mayor cantidad de casos de mujeres que se nos acercan a pedir acompañamiento para asumir la situación de violencia que viven y buscar las asesorías necesarias para enfrentarla y superarla. Especial atención merece el aumento de la violencia sexual en la medida que las mujeres y niñas conviven con su agresor mayor cantidad de tiempo debido a la pandemia. Como sabemos el 80% de los abusos sexuales y violaciones ocurren dentro del ámbito familiar y tienen como perpetrador a un integrante del grupo familiar (tíos, primos, abuelos, padres, padrastros) o a un conocido de la familia (compadre, amigo, vecino).
A pesar de la ausencia de cifras oficiales sobre el feminicidio en los últimos años, feministas y movimientos sociales han hecho un esfuerzo para recoger cifras desde la recolección de datos desde los medios. Aimee Zambrano de la organización venezolana Utopix en su monitoreo de femicidios habla de 256 femicidios en el año 2020 e indica un aproximado incremento de 53% de femicidios desde el año 2019. En los meses de enero y febrero del 2021 se indica 43 femicidios reportados, pasando de un femicidio cada dos días a uno cada 33 horas.
Las dificultades de atención a las víctimas en los órganos receptores de denuncia y en el sistema de justicia, así como los retardos procesales en tiempo de pandemia colocan a las mujeres que viven violencia en una situación de indefensión y precariedad que pone en riesgo su integridad física y hasta su vida. Específicamente en nuestro Estado Lara en el marco de la atención que realizamos como Movimiento Mujeres por la Vida, en las comunas del sur-oeste de Barquisimeto y las comunidades de la Parroquia Tamaca, queremos destacar el enorme retraso en las citas de Psicología Forense. La evaluación psicológica que hasta el momento el Ministerio Público refiere al CICPC, es un paso indispensable para la continuidad del proceso de denuncia, pero desde el inicio de la pandemia hasta el presente la mayoría de las mujeres que hemos acompañado han tenido un retraso de 3 meses o más para recibir su cita de psicología forense o simplemente no han recibido respuesta de lo mismo. También nos preocupa la negativa de emitir orden de salida del hogar y alejamiento al agresor (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia artículo 90 medidas 4 y 5) como medida de protección cuando se trata de violencia psicológica, acoso, hostigamiento e incluso en casos de violencia sexual. Solo se ordena no continuar con la violencia (Artículo 90 medida 6) lo cual obliga a la mujer a continuar conviviendo con su agresor en la misma casa. Ante esta situación, las mujeres están sujetas a reiterada re-victimización o se ven en la obligación de salir del hogar para proteger sus vidas quedando a la deriva muchas veces con sus hijos e hijas. Se incrementa en estos casos la indefensión de la mujer porque son uniones de hecho no registradas, pero perfectamente comprobables a través de los organismos comunitarios y los hijos e hijas en común. Se exige concubinato formalizado para poder realizar partición de bienes y la mayoría de las veces no se cuenta con este papel, añadiéndose así la violencia patrimonial que impide a la mujer el acceso a los bienes adquiridos durante la convivencia.
También vemos con preocupación una tendencia de parte de agresores de utilizar la realización o amenaza de denuncias contra las mujeres sobrevivientes de violencia en los Órganos de Protección de Niño, Niña y Adolescentes como medio de chantaje para evitar las denuncias contra su persona. Esta práctica no solamente re-victimiza a las mujeres, pero también somete a les niños, niñas y adolescentes a zozobra y violencia psicológica. Es necesario que los Órganos de Protección de NNA estén alertados de estas prácticas, que reciben formación en violencia de género y su impacto en el bien estar de les NNA y que actúan en conjunto con los Órganos de Protección de las Mujeres para garantizar una protección integral a la familia en estos casos.
De igual modo, algunos Órganos Receptores de Denuncia siguen insistiendo en un protocolo de citación y conciliación entre mujeres sobrevivientes de violencia y agresores. Estos protocolos fueron prohibidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 porque la violencia de género es una violencia estructural con profundos raíces sociales, culturales e históricos y como tal, no se puede conciliar. Es necesario ajustarse a la ley y erradicar estas prácticas.
En este marco tan difícil queremos destacar un logro importante del trabajo conjunto de los movimientos y colectivos de mujeres, las instituciones y el sistema judicial: las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal, para atención temprana y oportuna de víctimas de violencia de género y la recepción de las correspondientes denuncias y la actuación de los procesos de investigación penal. Vemos indispensable la realización de una reunión en el Estado Lara con la presencia de los órganos receptores de denuncia, el sistema judicial y los colectivos y movimientos feministas para presentar el protocolo mencionado, y debatir sobre los nudos críticos que se presentan en la atención de las mujeres en situación de violencias.
El reconocimiento de la participación de defensoras comunales y acompañantes sororales debidamente capacitadas en el proceso de denuncia y atención a mujeres en situación de violencia nos parece indispensable para facilitar la interacción de las mismas con los órganos receptores de denuncia y con las diferentes instancias del sistema judicial así como para brindar contención emocional a las mujeres en el largo proceso de superación de la violencia y sus secuelas.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Actualmente las mujeres venezolanas confrontamos una gran dificultad para el acceso a los anticonceptivos lo cual restringe el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. Gran cantidad de mujeres optan en este momento de difícil situación económica, por regular su maternidad, pero se les hace casi imposible adquirir los anticonceptivos de venta libre por su alto costo y hay poco acceso a través de las instituciones públicas de salud, en gran parte por las medidas de bloqueo imperialistas. Se une esto al desconocimiento por parte del personal de salud de la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva vigente en nuestro país desde el año 2004, lo cual conlleva que las mujeres al ser atendidas no reciban la información suficiente para una elección consciente y libre de los métodos anticonceptivos más adecuados para su situación y características específicas, de acuerdo a la disponibilidad existente.
Así mismo se siguen presentando la violencia obstétrica en los centros de salud por lo cual se hace necesario implementar el parto humanizado como política de funcionamiento de los centros de salud a través de la capacitación y sensibilización del personal tal como está establecido en la Norma antes mencionada. La participación de las facilitadoras de parto humanizado en el acompañamiento del proceso de parto con acceso a los espacios de atención médica lo vemos muy importante para contribuir a la contención emocional de la mujer parturienta, la facilitación de la relación con el personal de salud y la prevención de la violencia obstétrica.
Creemos necesario realizar reuniones entre los organismos responsables del sector salud y los movimientos y colectivos de mujeres para conocer a profundidad, debatir y actualizar la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva.
Insistimos en la necesidad urgente como país de profundizar el debate sobre la despenalización del aborto, con las mujeres, niñas, adolescentes y cuerpos gestantes, como las sujetas de las decisiones sobre sus cuerpos, en el papel protagonista de este debate. La despenalización abre puertas a que sobrevivientes de violencia sexual, niñas, y mujeres sin acceso a la anticoncepción puedan interrumpir embarazos no deseados sin poner sus vidas en riesgo. La despenalización del aborto es un tema de derechos humanos, salud pública y justicia social para las mujeres.
Visualizando la profundidad de la emergencia feminista actual, llamamos a nuestras instituciones revolucionarias, a que seguimos con el legado feminista de nuestro Comandante Chávez y profundizamos en conjunto, poder popular y gobierno las medidas necesarias para garantizar el aplacamiento de la violencia machista y condiciones de igualdad para las mujeres. Enmarco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras les presentamos las siguientes exigencias:
- Reunión con la presencia de los órganos receptores de denuncia, el sistema judicial y los colectivos y movimientos feministas para presentar el protocolo Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal, para atención temprana y oportuna de víctimas de violencia de género y la recepción de las correspondientes denuncias y la actuación de los procesos de investigación penal y debatir sobre los nudos críticos que se presentan en la atención de las mujeres en situación de violencias.
- Garantizar la emisión de orden de salida del hogar y alejamiento al agresor (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia artículo 90 medidas 4 y 5) como medida de protección cuando se trata de violencia psicológica, acoso, hostigamiento y violencia sexual.
- Funcionamiento eficiente del servicio de Psicología Forense a fin de garantizar la celeridad procesal.
- La formación de los funcionarios y las funcionarias responsables de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en violencia de género.
- Reconocimiento de la participación de defensoras comunales y acompañantes sororales de movimientos sociales feministas y de mujeres debidamente capacitadas en el proceso de denuncia y atención a mujeres en situación de violencia para facilitar la interacción de las mismas con los órganos receptores de denuncia y con las diferentes instancias del sistema judicial así como para brindar contención emocional a las mujeres en el largo proceso de superación de la violencia y sus secuelas.
- Realizar reuniones entre los organismos responsables del sector salud y los movimientos y colectivos de mujeres para conocer a profundidad, debatir y actualizar la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva y diseñar estrategias para su implementación.
- Implementar el parto humanizado como política de funcionamiento de los centros de salud a través de la capacitación y sensibilización del personal
- Participación de las facilitadoras de parto humanizado en el acompañamiento del proceso de parto con acceso a los espacios de atención médica lo vemos muy importante para contribuir a la contención emocional de la mujer parturienta, la facilitación de la relación con el personal de salud y la prevención de la violencia obstétrica.
- Realización de debates nacionales y regionales sobre la despenalización del aborto desde una perspectiva laica y de derechos humanos con movimientos de mujeres, feministas, mujeres y niñas con los organismos competentes de la protección y derechos de las mujeres.
MOVIMIENTO MUJERES POR LA VIDA
MUJERES DE LA COMUNA LOMA DE LEÓN
MUJERES DE LA COMUNA ATAROA
MUJERES DE LA COMUNA RIO CENIZO
Comunicación Comunal 